¿Conoces la situación actual de Colombia?
Desde
el 28 de abril, Colombia se ha visto envuelta en grandes manifestaciones de
protesta social, las cuales iniciaron a raíz de la propuesta de reforma
tributaria radicada por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la
República, estas protestas se han visto incrementadas debido a una reforma a la
salud que se encuentra en trámite en el Congreso de la República y a los abusos
policiales denunciados principalmente en vídeos por redes sociales.
La propuesta de reforma tributaria incluía un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos. El gobierno colombiano defendía la necesidad de la reforma tributaria a causa del enorme gasto que ha debido afrontar el país para sostener los programas sociales que se introdujeron durante la pandemia de COVID-19.
¿En qué consistía la reforma Tributaria?
El
proyecto tenía como objetivos principales ampliar la base de recaudación
tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en
las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica
y crear un fondo para la conservación ambiental.
La
reforma fiscal originalmente buscaba recaudar 23,4 billones de pesos (US$6.294
millones), equivalente a un 2% del PIB.
Uno
de los puntos más polémicos era la idea de cobrar impuesto a la renta a
personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el
salario mínimo es de US$234.
La
ley proponía, además, imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA),
que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los
servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos
electrónicos como computadores, y otros rubros hasta ahora exentos.
Para
los críticos del proyecto, la respuesta al incremento de los gastos no debía
buscarse con más impuestos sobre la clase media colombiana, debido a que no
incluía en la propuesta gravámenes a sectores como el financiero que fueron los
que más recibieron utilidades en el año 2020.
El 30 de abril, el presidente de la República, Iván Duque, informó que retiraba el proyecto de la reforma tributaria, pero no fue hasta el 4 de mayo, que el Ministerio de Hacienda solicitó formalmente el retiro de la reforma ante el Congreso de la República. Igualmente, el 3 de mayo, el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla presentó su renuncia como ministro.
Reforma a
la salud
El
texto que había sido radicado en 2020 tuvo importantes inconformidades. Por
ejemplo, uno de los puntos más criticados fue que la versión inicial del
proyecto de ley 010 proponía el cambio de las Empresas Promotoras de Salud
(EPS), a una denominación legal de Aseguradoras en Salud (AS).
También
se proponían normas de depuración de las EPS o cobros a las personas por el
incumplimiento de citas, por la falta de adherencia a tratamientos o por el
incumplimiento de las rutas de promoción y prevención en salud.
En
ese momento, agremiaciones y grupos médicos como la Asociación Colombiana de
Salud Pública aseguraron que el proyecto solo afianzaba un modelo de salud
mercantilista y privatizado. Las críticas afirmaban que la reforma haría solo
un cambio cosmético al nombre de las EPS y no un cambio de fondo y que estarían
ayudando a conformar un oligopolio.
Pero,
¿por qué el texto tiene tanto rechazo en el sector salud? En una carta enviada
al Congreso de la República por la Federación Médica Colombiana, Fedesalud, la
Asociación Nacional de Internos y Residentes, Asmedas Nacional, entre otras
asociaciones, además de señalar su desacuerdo con el proyecto y pedir su
archivo, señalan que el proyecto no constituye una reforma estructural al
sistema de salud.
En
la carta, también indican que el proyecto no resuelve los problemas develados
por la pandemia del Covid-19 ni tampoco el problema de fondo de la
tercerización laboral del sector salud, al permitir todavía la contratación por
prestación de servicios.
“El
proyecto de ley 010 no desarrolla la ley estatutaria, por el contrario, la
contraviene, con lo que se pone en riesgo principios fundamentales como la
destinación específica de los recursos de la salud que son públicos, la
autonomía universitaria, profesional, y es regresiva respecto a los logros de
seguridad en Colombia”, indica la misiva.
En
un conversatorio organizado por ANIR, para hablar sobre el proyecto de reforma
a la salud, otros profesionales de la salud criticaron además que orientar el
sistema de salud a la medicina familiar y a la atención primaria en salud es
una medida que no funcionará con el sistema de aseguramiento actual que tiene
el país.
Denuncias
sobre abuso policial
Las
protestas contra el gobierno llevan más de 17 días en los cuales mediante
videos y transmisiones en vivo se han denunciado casos de abuso policial por
parte de la fuerza pública colombiana. En especial en Cali, Valle del Cauca, el
cual ha sido el epicentro de las manifestaciones en el país, en esta ciudad
principalmente, se ha suspendido el servicio de energía e internet, lo cual ha
demostrado la represión por parte del Estado Colombiano.
La
ONG Temblores reportó que del 28 de abril al 10 de mayo de 2021 se han
reportado 1956 casos de violencia policial, 313 casos de violencia física por
parte de la Policía, 40 casos de víctimas de violencia homicida presuntamente
por parte de la policía, 1003 detenciones arbitrarias en contra de los
manifestantes, 418 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 28
víctimas de agresión en sus ojos, 129 casos de disparos de arma de fuego por
parte de la Policía, 12 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza
pública.
Todos estos sucesos han aumentado el ánimo de las manifestaciones las cuales han incluido en su pliego de peticiones una reforma policial de carácter urgente y estructural, debido que no se ha respetado el derecho a la protesta social, en cambio, la respuesta del Estado ha sido la de militarizar las ciudades y respaldar la participación de civiles armados, como sucedió el 10 de mayo en Cali, donde hubo enfrentamientos de civiles armados contra la Minga Indígena, algunos vídeos de lo sucedido exponen a los civiles armados junto con la Policía Nacional.